Libertad de Expresión y Subvenciones

Un grupo de ciudadanos se reúnen y hacen pública sus reflexiones sobre las próximas elecciones. En un caso, solicitan el voto de forma explícita para una formación política y en el otro, de forma implícita pero con bastante claridad.
¿Cuál es la reacción de los dirigentes de los “muy democráticos” partidos mayoritarios?
En ningún caso rebatir los argumentos que dan unos u otros; o criticar las posibles debilidades que contengan. No, eso sería una novedad en nuestra vida pública.
Se usan habitualmente dos estrategias:

La primera, insultar directamente a los que se oponen. Esta es la forma más sencilla y directa de debatir en España. Se les llama hipócritas, titiriteros, rancios, etc.
La segunda, menos racial pero que contiene lo mejor de la peculiar forma de entender la relación entre Administración y administrados. Se amenaza con retirar algún tipo de ayuda o prebenda, previamente concedida.
El problema de nuestro país es que se entiende que las ayudas, concesiones administrativas, subvenciones, desgravaciones, etc. son "gracias" que concede el gobernante de turno y no derechos que adquiere el ciudadano por la aplicación de la normativa vigente.

Tanto los obispos como los artistas pueden opinar sobre el voto. Es más, como ciudadanos es de agradecer que participen en la vida pública. Y los que nos presentamos a las elecciones debemos, en todo caso, criticar sus ideas, pero en ningún caso hacer un juicio sobre las intenciones que tienen (aunque las imaginemos) y mucho menos sobre la legitimidad de hacerlas.
Y sobre todo, la aplicación de determinadas medidas y/o la concesión de subvenciones o ayudas, no puede ser una concesión graciosa del gobernante, sino la consecuencia de unos criterios claramente definidos.